El delito de insolvencia punible ocurre cuando una persona en situación de insolvencia oculta o disminuye su patrimonio de forma intencionada para evitar el pago de deudas. Este delito protege el derecho de los acreedores a cobrar sus créditos y abarca una variedad de conductas fraudulentas, como ocultar bienes, simular deudas o realizar ventas a precios irrisorios. Las penas varían según la gravedad del delito, desde prisión y multas hasta consecuencias adicionales para personas jurídicas, como la disolución o la inhabilitación. Es fundamental probar la intencionalidad del deudor para que se produzca una condena.  

El artículo aborda el tema de los ciberdelitos, un fenómeno en auge en la era digital. Explica que estos delitos se caracterizan por su naturaleza digital, variedad de formas, carácter transfronterizo y constante evolución. Se mencionan los tipos más comunes de ciberdelitos, como fraudes online, suplantación de identidad, hacking, delitos contra la intimidad, ciberacoso y ataques de ransomware. Además, se detalla cómo el Código Penal español tipifica estos delitos, incluyendo penas para delitos contra la intimidad, daños informáticos y estafas informáticas.   

El delito de estafa, implica el uso de engaño para obtener un beneficio ilícito, requiriendo ánimo de lucro, engaño convincente, error de la víctima y un acto de disposición perjudicial. La pena básica varía de seis meses a tres años de prisión, pero puede aumentar significativamente si concurren agravantes como el perjuicio a bienes de primera necesidad o fraudes que superen los 50.000 euros.

El Código Penal contempla tipos específicos de estafa, como la informática y la inmobiliaria, cada una con sus propias características y penas. Es un delito complejo que requiere análisis detallado y asesoramiento legal especializado, tanto para acusados como para víctimas.

La responsabilidad civil en el ámbito penal implica la obligación de reparar los daños y perjuicios causados por un delito, complementando las penas criminales. 

Comprende la restitución de bienes, la reparación del daño y la indemnización por perjuicios materiales y morales, pudiendo ser directa, subsidiaria o solidaria. Responden autores, cómplices, personas jurídicas, aseguradoras y, en ciertos casos, el Estado y otras entidades públicas. La reclamación puede realizarse dentro del proceso penal o en un procedimiento civil separado, ofreciendo a la víctima la opción de elegir la vía más conveniente.

Son delitos que perjudican el patrimonio del Estado y de la Seguridad Social, incluyendo delitos de fraude a la Unión Europea, en subvenciones públicas y delito contable. Implican acción u omisión con perjuicio económico real, con cuantías mínimas de fraude específicas para cada caso, y requieren dolo o intención de defraudar. La regularización de la deuda antes de la notificación de actuaciones administrativas o judiciales puede eximir del delito. Los plazos de prescripción varían de 5 a 10 años según la gravedad del delito. La suspensión de la ejecución de la pena requiere el pago de la deuda y puede revocarse si no se cumple el compromiso de pago.

Los MASC son mecanismos extrajudiciales para resolver conflictos civiles y mercantiles, introducidos por la Ley 1/2025, buscando fomentar el diálogo y reducir la carga judicial. Incluyen mediación, conciliación (notarial, judicial o privada), opinión de expertos, ofertas vinculantes y procesos de derecho colaborativo, aplicándose a una amplia gama de asuntos excepto en materias de derecho publico, laboral, penal y concursal. Su uso es un requisito de procedibilidad para demandas judiciales, requiriendo documentación del intento de negociación previa, y se incentiva a través de la regulación de las costas procesales. Los acuerdos alcanzados en los MASC, una vez elevados a escritura pública, tienen fuerza ejecutiva equivalente a una sentencia judicial.