Si te detienen en España, tienes derechos fundamentales protegidos por la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos incluyen el derecho a ser informado de los motivos de tu detención, guardar silencio, contar con asistencia legal y comunicarte con un familiar. Además, tienes derecho a no ser sometido a tratos inhumanos, recibir asistencia médica y, si eres extranjero, a comunicarte con tu consulado. Recuerda que lo más importante es mantener la calma y solicitar la asistencia de un abogado antes de declarar.  

El proceso penal de menores en España, regulado por la Ley Orgánica 5/2000, se centra en la reeducación y reinserción del menor, priorizando su interés superior. Se diferencia del proceso penal de adultos en su enfoque educativo, la duración de las medidas y la intervención de equipos técnicos especializados. 

El procedimiento incluye fases como las diligencias preliminares y la audiencia, donde se imponen medidas adaptadas a la evolución del menor. También se considera la posición de la víctima, facilitando la reparación del daño y la conciliación, y estableciendo la responsabilidad civil de los padres o tutores. 

La ocupación ilegal de viviendas en España se tipifica como delito de allanamiento de morada (vivienda habitual) o usurpación (inmueble deshabitado), generando gran preocupación y debate social. La diferencia clave entre ambos delitos radica en el destino de la vivienda: allanamiento protege la inviolabilidad del domicilio, mientras que la usurpación se refiere a inmuebles no habitados.

 Existen soluciones penales y civiles para los propietarios afectados, incluyendo la actuación policial inmediata en casos de allanamiento y el "desahucio express" para la usurpación. La nueva ley 1/2025 introduce cambios para agilizar el proceso penal en estos delitos que se llevan al juicio rápido. 

El artículo aborda la compleja cuestión de si la declaración de la víctima, por sí sola, puede ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, un derecho fundamental. 

El Tribunal Supremo establece criterios para que dicha declaración sea válida: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la declaración, siendo especialmente relevante en delitos como violencia de género y sexuales. 

A pesar de los criterios, la valoración de este testimonio genera controversia, requiriendo un equilibrio entre la protección de la víctima y el respeto al derecho de defensa del acusado. La conclusión destaca la necesidad de un análisis riguroso y caso por caso. 

La prescripción del delito extingue la responsabilidad penal tras un plazo legal, variando este según la gravedad del delito, desde 1 año para delitos leves hasta 20 años para los más graves. 

La prescripción busca evitar la incertidumbre jurídica y la dificultad de obtener pruebas fiables con el tiempo. Los plazos se computan desde la comisión del delito, excepto en casos de víctimas menores, donde el plazo comienza al alcanzar la mayoría de edad o los 35 años en delitos más graves. 

El plazo puede interrumpirse con acciones legales contra el culpable, y es crucial para víctimas y acusados conocer estos plazos y buscar asesoramiento legal especializado. 

El delito de alcoholemia se define como la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia del alcohol, superando los límites legales establecidos. Conducir con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre se considera delito en España. 

Las consecuencias varían desde sanciones administrativas, como multas y retirada de puntos, hasta penas de prisión y pérdida del carnet de conducir. Negarse a realizar la prueba de alcoholemia también constituye un delito.