La presunción de inocencia es un derecho fundamental que garantiza que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con pruebas válidas y obtenidas legalmente. La carga de la prueba recae sobre la acusación, y las evidencias deben ser contundentes para eliminar cualquier duda razonable. Este principio protege contra abusos y errores judiciales, asegurando un sistema de justicia justo y democrático. Además, los jueces deben ser imparciales y basarse en pruebas sólidas para emitir una condena. 

  El artículo analiza el maltrato y abandono de animales en España, regulados por el Código Penal tras la Sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena de un empresario que dejó morir a 170 gansos. Detalla las penas por lesiones, muerte o abandono de animales, así como las circunstancias agravantes y atenuantes del delito. También aborda la responsabilidad de personas jurídicas y las medidas cautelares para proteger a los animales. Por último, señala las reformas introducidas por la Ley Orgánica 3/2023.

  El derecho penal español regula la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Artículo 31 bis del Código Penal. La teoría imperante del Tribunal Supremo se basa en la autorresponsabilidad por un "delito corporativo", Esta responsabilidad surge cuando una persona física (directivo o empleado) comete un ilícito en nombre y en beneficio (directo o indirecto) de la empresa. La principal vía de exoneración es la adopción y ejecución eficaz de un Programa de Compliance (modelos de organización y gestión) antes del delito, aunque también se prevén atenuantes por la colaboración en la investigación y la reparación del daño causado con posterioridad.